Después de dos semanas de haber sido vinculados a proceso, Mónica Daniela «N» y José Manuel «N», agentes de Tránsito y Vialidad de Puerto Vallarta, han llegado a un acuerdo reparatorio con la víctima y se les ha otorgado la suspensión condicional del proceso en curso.
En una audiencia llevada a cabo la tarde del martes en los juzgados del Octavo Distrito Judicial de Puerto Vallarta, el Juez Miguel García Hernández ha aceptado la solicitud de suspensión condicional presentada por la defensa. Esto ha ocurrido después de que los dos agentes de la subdirección de Tránsito y Vialidad de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta llegaran a un acuerdo con la víctima, quien es una compañera policía.
Mónica Daniela «N» y José Manuel «N» deberán pagar a la víctima la suma de 10,400 pesos como reparación del daño causado, además de hacer un donativo de 7,000 pesos a la asociación civil Pasitos de Luz, Mamás Unidas por la Rehabilitación de sus Hijos de Puerto Vallarta, como forma de reparación del daño hacia la sociedad.
Además, el Juez García Hernández les ha impuesto una serie de condiciones que deberán cumplir durante un período de seis meses: residir en un lugar específico, abstenerse de acercarse o molestar a la víctima, tomar un curso sobre derechos humanos y el llenado del Informe Policial Homologado (IPH), y no abandonar el país.
Los hechos por los cuales fueron vinculados a proceso tuvieron lugar en noviembre del año pasado, cuando una policía vial municipal que participaba en el operativo denominado «moto» en la colonia Coapinole, de Puerto Vallarta, fue físicamente agredida por una mujer y un hombre.
Mónica Daniela «N» y José Manuel «N», quienes participaban en el operativo, intervinieron para auxiliar a su compañera y subieron a los agresores a su vehículo. Luego, consultaron con la víctima sobre cómo deseaba proceder.
La víctima manifestó su intención de dirigirse a los Servicios Médicos Municipales para obtener un informe médico sobre sus lesiones y emprender acciones penales contra los agresores. Solicitó a los agentes que los llevaran al Ministerio Público (MP) estatal.
Uno de los agentes solicitó el traslado al MP, pero omitió informar que tenía personas detenidas, por lo que solo le brindaron instrucciones sobre cómo completar el informe. Posteriormente, presentaron a las dos personas ante un juez municipal por una falta administrativa.
Mientras tanto, la víctima acudió a los Servicios Médicos Municipales, donde se determinó que las lesiones que sufrió requerirían más de 15 días para sanar. Sin embargo, dado que sus agresores ya habían sido liberados, presentó una denuncia ante la Agencia Regional de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Puerto Vallarta.
Tras tomar conocimiento de los hechos, el Juez determinó el pasado 8 de junio que existían suficientes elementos para vincularlos a proceso; ordenando, entre otras medidas, cautelares, su separación temporal del cargo, medida que quedó sin efecto luego de que llegaron a un acuerdo con la suspensión condicional del proceso.
